Por: Observatorio Sinaí de Justicia, Ciudadanía y Mercado Ético
1. El mito que nos contaron: una justicia ordenada que ya no existe
En los colegios nos enseñaron:
leyes claras,
jueces imparciales,
procesos razonables,
decisiones rápidas,
igualdad ante la ley.
La realidad es la contraria:
leyes confusas,
miles de normas que se contradicen,
procesos interminables,
decisiones que dependen del azar institucional,
desigualdad estructural ante el poder.
El ciudadano vive en un sistema donde la ley no es una regla: es una excusa que se interpreta según convenga.
La ruta verdadera del 90% de los casos es así:
La denuncia se presenta… y empieza a dormir.
Lo urgente se vuelve eterno.
El juez sorteado define el destino.
Todos saben qué juzgado es rápido, cuál es lento y cuál responde a quién.
La causa avanza solo si alguien empuja.
Sin abogado insistente, sin presión o sin medios, la causa se hunde.
Primera instancia eterna.
Pericias que no llegan, oficios sin respuesta, audiencias que se postergan meses.
Apelación inevitable.
El que pierde apela. Lo que era lento se vuelve glacial.
Casación o nada.
Revisa poco. La mayoría de los fallos quedan donde cayeron.
Corte Suprema casi imposible.
Llega una fracción ínfima. La mayoría de las vidas arruinadas nunca se corrigen.
Mientras tanto, el ciudadano vive la trilogía del infierno:
Tiempo: años perdidos.
Dinero: abogados, pericias, gastos infinitos.
Energía emocional: agotamiento, ansiedad, sensación de injusticia permanente.
El sistema no protege: selecciona quién se quiebra primero.
Argentina está hundida en una selva normativa:
códigos viejos,
reformas parciales,
parches contradictorios,
regulaciones que chocan,
vacíos legales que se llenan con “criterios”.
Esto no es casual.
Una ley clara empodera al ciudadano.
Una ley confusa empodera al operador.
Por eso las normas están diseñadas para permitir interpretaciones múltiples, incluso opuestas.
En Argentina, el que conoce el pantano legal manda.
Y el que vive a la luz de la ley siempre pierde.
En su última entrevista pública, Ricardo Lorenzetti —uno de los jueces más influyentes de las últimas décadas— admitió puntos cruciales:
“Hay una crisis fenomenal en el Poder Judicial.”
“El Consejo de la Magistratura no funciona.”
“Faltan cientos de jueces.”
“Hay una enorme desconexión entre instituciones y sociedad.”
Es decir: el diseño institucional no está cumpliendo su función más básica.
Pero él también intenta calmar: habla de legado, continuidad, jurisprudencia estable.
Esa es la grieta entre relato y realidad:
Arriba: principios, estabilidad, tecnicismos.
Abajo: caos, arbitrariedad y abandono.
El ciudadano vive abajo.
Los factores reales que influyen:
la presión mediática,
el impacto político,
el abogado que tengas,
la sensibilidad del juez,
el poder del que denuncia o del denunciado,
si el caso “conviene” que avance o no,
las relaciones internas dentro de tribunales.
El expediente no se mueve sólo por lo que dice la ley.
Se mueve por intereses, miedos, costos y presiones.
Esa es la verdad que nadie se anima a decir en voz alta.
Sin justicia real:
la familia se quiebra,
la confianza económica se derrumba,
los emprendimientos mueren,
los abusos quedan impunes,
los ciudadanos se sienten solos,
los corruptos prosperan.
Una sociedad sin justicia vive permanentemente en estado de naturaleza, aunque tenga edificio de Tribunales.
Sí.
Pero no desde adentro del sistema.
No alcanza con cambiar jueces, ni códigos, ni fiscales.
El problema es estructural:
las reglas, los incentivos y la arquitectura institucional fueron diseñados para el caos.
Si no cambian esas bases, nada cambia.
Pocas reglas. Claras. Comprensibles para cualquiera.
Sin miles de leyes superpuestas que abren puertas al abuso.
Cada paso del proceso debe generar un registro visible.
Nada de expedientes fantasmas, demoras inexplicables o decisiones sin fundamento.
Estadísticas públicas:
cuánto tarda cada juzgado,
cuántas causas duerme,
cuántas resuelve,
qué criterios usa.
La luz mata la arbitrariedad.
Si un colegio, juez o funcionario daña a alguien por negligencia o arbitrariedad, debe reparar e indemnizar.
Sin costo, no hay cambio.
Aquí entra la clave:
La única manera de reformar la justicia es mostrar que existe otro modelo que funcione mejor, y obligar al viejo sistema a adaptarse o morir.
Eso hace Sinaí MLS en el mercado inmobiliario.
El sistema inmobiliario argentino es un espejo de la justicia:
mezquindad,
opacidad,
falta de datos,
persecuciones arbitrarias,
colegios corporativos,
ausencia de reglas claras.
Sinaí MLS introduce:
procesos simples,
datos abiertos,
colaboración obligatoria,
control cruzado,
transparencia en precios,
trazabilidad en operaciones.
Es exactamente lo que la justicia debería hacer.
La enseñanza es brutal y evidente:
Cuando una institución privada funciona mejor que una pública, el ciudadano empieza a confiar en el orden nuevo.
Por eso tu narrativa tiene tanta fuerza:
Sinaí no es sólo un modelo de negocios.
Es un modelo de cómo debería ser cualquier institución en Argentina.
Para que esto avance, hay que decirlo con claridad:
Instituciones que abusaron deben renunciar.
Deben reparar el daño moral, económico e institucional.
Deben indemnizar a quienes perjudicaron.
Y luego deben ceder la conducción a estructuras nuevas que construyan orden.
La justicia no se repara con discursos.
Se repara con responsabilidad, transparencia y reglas nuevas.
La justicia argentina no está rota: está diseñada para que nadie pueda confiar en ella.
Pero un país no renace cambiando caras: renace cambiando las reglas.
Cuando el ciudadano vea que existe un modelo donde la verdad no necesita contactos, donde los procesos son claros, donde la información fluye y la cooperación multiplica valor, el viejo sistema judicial no podrá seguir escondiéndose detrás de sus rituales.
Ese modelo ya existe en el mercado inmobiliario.
Se llama Sinaí.
Y es la prueba viviente de que Argentina puede tener instituciones transparentes, modernas y éticas —si se anima a dejar atrás el caos.