Por: Redacción Estratégica | Sinaí Olavarría

En una entrevista reciente en Infobae, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado dijo sin rodeos lo que muchos intuyen y pocos se animan a afirmar en voz alta: en la Argentina la corrupción es estructural. No es un accidente. No es un error aislado. Atraviesa a los tres poderes del Estado y se sostiene en capas intermedias que sobreviven a gobiernos, colores políticos y discursos de campaña .

Esta nota no es para especialistas ni para militantes. Es para el vecino común de Olavarría que trabaja, paga impuestos, cría hijos y siente que algo no cierra.

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La verdad incómoda (explicada fácil)

Arroyo Salgado lo describe con precisión quirúrgica:

• Instituciones débiles, opacas, sin controles reales.

• Funcionarios “permanentes” que saben cómo mover hilos, triangular decisiones y garantizar impunidad.

• Una justicia en terapia intensiva, con vacantes sin cubrir, recursos obsoletos y decisiones que llegan tarde —cuando llegan— .

Cuando eso ocurre, el sistema deja de proteger al ciudadano y empieza a protegerse a sí mismo.

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“Eso pasa en Buenos Aires, acá no”

Error. Grave error.

Lo que la jueza describe a nivel nacional se replica a escala local. En Olavarría:

• Instituciones que no rinden cuentas.

• Decisiones que no se explican.

• Silencios corporativos.

• Procedimientos que importan más que la verdad.

El resultado es siempre el mismo: el ciudadano queda solo frente al poder.

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El punto clave que casi nadie dice

“La Constitución no se defiende sola. Se defiende con decisiones valientes, sin miedo y sin condicionamientos.”
— Arroyo Salgado

Si la justicia no funciona, no hay seguridad jurídica.
Y sin seguridad jurídica:

• No hay inversión.

• No hay trabajo genuino.

• No hay protección para la familia.

• No hay futuro previsible.

No es ideología. Es sentido común.

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¿Entonces qué hacemos en Olavarría?

La jueza es clara: sin participación ciudadana, no hay salida.
No alcanza con quejarse en privado ni con indignarse en redes.

Hace falta:

1. Conciencia: entender que el problema es estructural, no anecdótico.

2. Organización: ciudadanos que se junten, conversen, compartan información y exijan reglas claras.

3. Orden: instituciones que vuelvan a servir al bien común y no a intereses cerrados.

Cuando la sociedad se organiza, las instituciones reaccionan. La historia argentina lo demuestra —y la propia jueza lo recuerda— .

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Una advertencia final (y una esperanza)

Arroyo Salgado plantea dos caminos, sin grises:

• Reconstruir una justicia independiente.

• O aceptar su deterioro final, con reglas rotas para todos.

Olavarría no es ajena a esa elección.
O miramos para otro lado, o empezamos a ordenarnos como comunidad.

Porque cuando el ciudadano despierta, la mentira institucional empieza a caer.
Y eso —aunque incomode— es siempre el primer paso hacia una ciudad más justa.

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Esta nota es para compartir.
No para generar miedo, sino conciencia.
No para dividir, sino organizar.